Diez claves del último informe de DDHH de la ONU sobre Venezuela

10 aspectos resaltantes del último Informe de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela

Resumen desde una perspectiva de derechos humanos

En el país han ocurrido algunos cambios politicos, pero todavía no puede hablarse de una transformación profunda del sistema que durante años permitió la persecución, las detenciones arbitrarias, la tortura y todas las violaciones de derechos humanos conocidas. Las estructuras, instituciones y mecanismos que hicieron posibles esas violaciones, continúan existiendo y al frente de ello están los mismos (salvo algunos cambios irrelevantes) que han cometido por años esos delitos contra la dignidad humana de los venezolanos.

1. Se mantiene la estructura represiva

El informe reconoce que después de los acontecimientos políticos del 3 de enero de 2026 se produjeron cambios. 

También se registraron excarcelaciones y una disminución de algunas prácticas represivas que habían sido frecuentes durante años.

Sin embargo, la Misión advierte que estas medidas no significan necesariamente que el aparato que permitió las violaciones haya sido desmantelado:

una cosa es liberar personas y otra muy distinta es transformar las condiciones que hicieron posible que esas personas fueran encarceladas arbitrariamente.

2. Más de 400 presos políticos se mantienen tras las rejas

Uno de los aspectos más sensibles del informe es la situación de las personas que continúan detenidas por motivos políticos.

Cada persona detenida arbitrariamente representa una violación de derechos y detrás de cada detenido existe una familia afectada.

Por eso, desde una perspectiva de derechos humanos, la discusión no debería reducirse únicamente a cuántos presos quedan.

Hay que preguntarse ¿por qué continúan existiendo personas privadas de libertad arbitrariamente, así sea una sola?

3. La tortura es una conducta sistemática y constante del Estado venezolano

Quizás uno de los elementos más graves del informe es que la Misión documenta nuevos casos de tortura y malos tratos ocurridos después del 3 de enero de 2026.

La investigación recoge denuncias y testimonios relacionados con centros de detención como El Rodeo I y Fuerte Guaicaipuro.

La tortura es una violación de derechos humanos que exige investigación, sanción de los responsables y reparación para las víctimas.

4. Las desapariciones se mantienen

El informe también aborda casos de personas cuyo destino permaneció oculto durante largos períodos.

Uno de los casos mencionados es el de Víctor Hugo Quero Navas, cuya familia pasó un largo período sin conocer qué había ocurrido con él.

Este tipo de situaciones produce una forma de sufrimiento particularmente cruel: la incertidumbre.

Una familia que no sabe dónde está un ser querido no puede comenzar un duelo ni recuperar normalmente su vida.

Las familias tienen derecho a saber:

dónde estuvo su familiar;

qué ocurrió con él;

quiénes participaron;

quién dio las órdenes;

dónde están sus restos, cuando la persona ha fallecido;

y qué hará el Estado para evitar que vuelva a ocurrir.

5. La existencia de leyes no garantiza por sí sola los derechos

Otro aspecto importante del informe es que el problema venezolano no puede solucionarse simplemente aprobando nuevas leyes o anunciando reformas.

Los derechos humanos necesitan instituciones capaces de protegerlos.

Eso significa contar con:

jueces independientes;

fiscales que investiguen;

organismos de seguridad sometidos a la ley;

cárceles donde se respete la dignidad humana;

mecanismos efectivos para denunciar abusos;

protección para periodistas y defensores;

y autoridades capaces de investigar incluso cuando los responsables pertenezcan al propio Estado.

Una democracia no se mide únicamente por las leyes que están escritas.

También se mide por lo que ocurre cuando alguien denuncia que el Estado violó sus derechos.

6. La Misión también advierte sobre la continuidad de funcionarios señalados

El informe señala que personas que habían sido identificadas en investigaciones anteriores por su presunta vinculación con graves violaciones de derechos humanos continúan ocupando cargos dentro del aparato estatal. 

¿Puede existir una verdadera transformación si las mismas estructuras y algunas de las mismas personas vinculadas a prácticas represivas continúan teniendo dentro del Estado?

Lo fundamental es que quien haya cometido un abuso responda ante la justicia, independientemente de su cargo, uniforme o posición política.

7. Los colectivos armados siguen siendo una preocupación

La Misión también analiza la actuación de los llamados colectivos, especialmente su relación con estructuras estatales.

La investigación considera que estos grupos no pueden ser entendidos simplemente como actores aislados de la realidad estatal y examina sus vínculos, funciones y formas de actuación.

ningún grupo civil puede convertirse en un instrumento para intimidar, perseguir o agredir ciudadanos, y mucho menos hacerlo con tolerancia, apoyo o participación de agentes estatales.

El Estado tiene la obligación de proteger a todas las personas, independientemente de sus ideas políticas.

8. El espacio para ejercer derechos civiles sigue siendo frágil

El informe reconoce algunas señales de apertura, pero advierte que el espacio cívico continúa siendo vulnerable.

Esto afecta derechos que deberían formar parte de la vida cotidiana de cualquier sociedad democrática:

opinar, protestar, organizarse, informar, defender derechos y expresar desacuerdo con el poder.

Una persona no debería tener que preguntarse si puede terminar presa por expresar una opinión.

Un periodista no debería trabajar pensando que una investigación puede convertirse en motivo de persecución.

Un trabajador no debería temer que reclamar mejores condiciones laborales pueda convertirlo en enemigo del Estado.

Y una organización social no debería ser considerada una amenaza simplemente por exigir el cumplimiento de derechos.

9. El gran problema que permanece es la impunidad

No basta con reconocer que ocurrieron abusos.

No basta con liberar a algunas víctimas.

No basta con cambiar funcionarios.

No basta con aprobar nuevas normas.

Para las víctimas y sus familias debe existir:

verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

10. El informe deja una advertencia para toda Venezuela

El mensaje de la Misión puede resumirse de una manera sencilla:

cambiar el escenario político no es suficiente para cambiar una estructura de violaciones de derechos humanos.

La verdadera transformación comienza cuando ninguna persona puede ser perseguida por pensar diferente. Cuando ningún ciudadano es detenido arbitrariamente. Cuando la tortura desaparece de las cárceles. Cuando una familia obtiene respuestas sobre un desaparecido. Cuando los jueces pueden actuar con independencia. Cuando los cuerpos de seguridad obedecen a la ley y no a intereses políticos. Cuando las víctimas pueden denunciar sin miedo.

Y cuando quienes cometieron violaciones graves saben que tendrán que responder por sus actos.

En definitiva, el informe de la ONU no habla solamente de instituciones, leyes, funcionarios y estadísticas. Habla de seres humanos. Habla de personas que perdieron su libertad. De madres que esperaron durante meses una respuesta. De familias que tuvieron que convertirse en defensoras de sus propios seres queridos. De personas que denunciaron torturas. De periodistas que intentaron informar. De ciudadanos que salieron a protestar. Y de una sociedad que todavía necesita recuperar algo fundamental: la certeza de que sus derechos serán respetados, independientemente de quién tenga el poder.

Por eso, desde una perspectiva de derechos humanos, la tarea no termina con una excarcelación ni con un cambio político.

La verdadera tarea termina cuando ninguna persona vuelva a ser perseguida, torturada, desaparecida o encarcelada arbitrariamente por ejercer sus derechos.

Ese es, en esencia, el desafío que deja planteado el informe de la Misión Internacional Independiente de la ONU sobre Venezuela.