Condena contra adolescente Gabriel Rodríguez por terrorismo es un precedente grave contra la infancia en Venezuela

NOTA DE PRENSA

Condena de 10 años a Gabriel Rodríguez (17 años) es un ataque a los derechos de la infancia y adolescencia en Venezuela

Caracas, 17 de diciembre de 2025.- La reciente condena a 10 años de prisión impuesta al adolescente Gabriel Rodríguez, de 17 años, constituye una gravísima violación a los derechos humanos y a las garantías fundamentales consagradas en el ordenamiento jurídico venezolano y en instrumentos internacionales suscritos por el Estado venezolano.

Gabriel fue detenido el 9 de enero de 2025 por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana en Cabudare, estado Lara, mientras se dirigía a un centro de salud. Desde entonces, ha permanecido privado de libertad en condiciones que contravienen los principios del debido proceso, la presunción de inocencia y la protección integral que debe garantizarse a todo niño, niña y adolescente y los derechos elementales de cualquier persona en condición de acusado. Pero lo más grave es que se le acusa de algo de lo cual no hay si quiera una prueba sólida.

Es importante destacar que Gabriel fue designado como el vocero de su graduación por sus compañeros de curso, por su excelente conducta y calificaciones, de hecho entre los mejores promedios de la graduación. Es un joven muy querido en su liceo y en su comunidad y no pudo asistir a su acto de grado como resultado de este secuestro político.

La condena dictada contra Gabriel vulnera flagrantemente la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA) en su artículo 65 que establece que toda medida privativa de libertad debe ser excepcional y por el menor tiempo posible. 

Asimismo, el Artículo 78 garantiza el derecho al debido proceso, incluyendo la presunción de inocencia, la defensa técnica y el acceso a un juicio justo. Y el artículo 85 prohíbe expresamente la detención arbitraria y el uso de pruebas obtenidas mediante coacción o sin las debidas garantías legales.

Es decir, esta condena se salta todo el ordenamiento jurídico y los compromisos internacionales en materia de infancia y adolescencia y establece un patrón de violación de todo el ordenamiento jurídico nacional e internacional. 

Además, es un acto inhumano, desproporcionado e injusto, que no tiene asidero en los hechos, que no se compadece de su edad, condición económica y social no menos de su inocencia, dado que nada prueba culpabilidad en este caso. 

Por último, la aplicación de dictámenes judiciales provenientes de materia política contra la infancia y la adolescencia, no tiene el más mínimo sentido de justicia y protección ni está contemplado en ninguna ley.  Las leyes que rigen la judicialización de infantes y adolescentes son de carácter penal y no político. Su acción busca castigar y reparar actos delictivos, no actos políticos como en este caso. Por tanto:

Exigimos:

1. La nulidad de la sentencia dictada contra Gabriel Rodríguez, por estar viciada de nulidad absoluta al haberse basado en pruebas ilícitas y en un proceso plagado de irregularidades.

2. La liberación inmediata de Gabriel y la reparación integral de los daños sufridos a él y a su familia.

3. La investigación y sanción de los funcionarios responsables de su detención arbitraria, tratos crueles y violaciones procesales.

4. El cese de la criminalización de niños, niñas y adolescentes en el contexto de protestas o disidencia política.

La justicia no puede ser utilizada como herramienta de represión. La protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes no es opcional: es una obligación legal y moral del Estado. La comunidad nacional e internacional no puede permanecer indiferente ante esta afrenta a la dignidad y al futuro de nuestra juventud.

¡Justicia para Gabriel!

!Liberen a los presos políticos!

Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales y Presos Políticos