Una negociación sin libertad ni transparencia, parece más un nuevo engaño

Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales y Presos Políticos

Caracas, 13 de agosto de 2026

El Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales y Presos Políticos se dirige al país y a la comunidad internacional para expresar su profunda preocupación ante el rumbo de las negociaciones políticas en Venezuela. La el anuncio de culminación del primer ciclo de conversaciones entre el Gobierno y la representación de la Asamblea Nacional de 2015 ha dejado acuerdos que, aunque relevantes en apariencia, omiten lo más urgente: la libertad de los presos políticos y la restitución de la soberanía popular.

Hoy existen no menos de 500 presos políticos en Venezuela, entre ellos 36 con enfermedades graves sin atención médica, 19 adultos mayores y 8 desaparecidos cuyo paradero se desconoce. No se trata de cifras abstractas, sino de vidas truncadas, familias separadas y ciudadanos sometidos a procesos judiciales cuestionados, víctimas de torturas y tratos crueles. La liberación inmediata e incondicional de todos ellos no puede ser una concesión negociada: es una obligación del Estado y condición previa indispensable para cualquier reconstrucción institucional.

La experiencia vivida por los venezolanos en los procesos de negociación, es ampliamente negativa. Desde 1999 hasta hoy ha habido diez (10) grandes procesos de negociación entre gobierno y oposición: el primero en 2001–2002 con la OEA y el “Grupo Boston” tras el golpe de abril, que no produjo acuerdos duraderos; luego en 2003–2004 con la OEA y el Carter Center durante el paro petrolero, que desembocó en el referendo revocatorio de 2004 donde Chávez fue ratificado; en 2014 la llamada “Conferencia Nacional por la Paz” tras las protestas, que fracasó sin avances; en 2016 el diálogo con el Vaticano y UNASUR, que se rompió tras la suspensión del referendo revocatorio; en 2017–2018 las conversaciones en República Dominicana, que se truncaron sin acuerdo electoral; en 2019 el proceso de Noruega y Barbados, que quedó suspendido con avances mínimos; en 2021–2023 las rondas en México bajo mediación noruega, que lograron sólo un acuerdo parcial sobre garantías electorales pero fueron incumplidas; en 2023 el Acuerdo de Barbados, que prometía condiciones para las presidenciales de 2024 pero terminó desconocido por el gobierno; en 2024 las negociaciones posteriores a las elecciones, marcadas por la falta de resultados desagregados y la intervención del TSJ, que profundizaron la crisis de legitimidad.

Hoy, en 2026, este primer ciclo de diálogo, décimo en el país, ha priorizado la renovación del TSJ y la recuperación del oro en Inglaterra, pero ha dejado fuera la liberación de los presos políticos y la restitución de la soberanía popular.

Sobre la necesaria renovación del Tribunal Supremo de Justicia, corresponsable directo de las aberraciones jurídicas existentes, ésta no puede limitarse a un cambio de nombres. Venezuela necesita jueces independientes, fiscales autónomos y garantías de debido proceso y reparación a las víctimas. La verdadera prueba de una nueva justicia será cómo responda esta negociación, de antemano, a las causas de los presos políticos, a las denuncias de tortura y a las detenciones arbitrarias actuales.

En cuanto al oro venezolano retenido en el Banco de Inglaterra, su recuperación es legítima pero no basta traerlo de Londres a Caracas. El oro pertenece al pueblo, no al gobierno. Su administración debe estar acompañada de mecanismos extraordinarios de transparencia, auditoría independiente y contraloría ciudadana. Recuperar los recursos sin recuperar la confianza sería repetir la historia de corrupción y opacidad que ha devastado al país.

La soberanía tampoco puede reducirse a los recursos naturales o a las alianzas internacionales. La soberanía es del pueblo, y fue desconocida en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, cuando la falta de publicación de resultados desagregados y la intervención del TSJ generaron una crisis de legitimidad que aún persiste. Hablar de soberanía nacional sin restituir la soberanía popular es una contradicción insalvable.

Por todo ello, el Comité exige que el próximo ciclo de conversaciones incorpore como prioridades inseparables y previas para la reconstrucción nacional:

• La liberación inmediata de los más de 500 presos políticos, civiles y militares.
• La investigación independiente de las violaciones de derechos humanos.
• Una reforma integral del sistema de justicia.
• La recuperación de los activos nacionales bajo estrictos mecanismos de transparencia.
• La restitución efectiva de la soberanía popular mediante elecciones libres, competitivas y verificables en el plazo más inmediato.

La democracia venezolana no comienza en las bóvedas del Banco de Inglaterra ni en los despachos del TSJ. Comienza en la dignidad y en la libertad de las personas. Mientras existan presos políticos, se desconozca la soberanía popular y los recursos de la nación se administren sin controles, Venezuela seguirá atrapada en una reorganización del poder sin verdadera transición democrática y, nuevamente, la negociación habrá fracasado una vez más.

Exigimos democracia para Venezuela: libertad, justicia independiente, transparencia y soberanía popular.