El retiro de Venezuela de la Corte Penal Internacional constituye un grave retroceso para la justicia y los DDHH

El Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales y Presos Políticos expresa su profunda preocupación y firme rechazo ante la decisión del Estado venezolano, secuestrado actualmente por una dictadura que ha usurpado sus funciones, de retirarse de la Corte Penal Internacional (CPI). Esto representa un grave retroceso en la protección de los derechos humanos y en la lucha contra la impunidad en el país y el mundo.

La Corte Penal Internacional no sustituye la justicia nacional; actúa únicamente cuando los sistemas judiciales internos no pueden o no quieren investigar y sancionar a los responsables de los crímenes más graves que afectan a la humanidad. En ese sentido, su existencia constituye una garantía adicional para las víctimas y un mecanismo de protección frente a la impunidad del Estado.

En Venezuela persisten numerosas denuncias nacionales e internacionales, suficientemente comprobadas fácticamente, sobre detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas de corta y larga duración, persecución por motivos políticos y otros hechos que son graves violaciones de DDHH. Ante esa realidad, la respuesta de cualquier Estado democrático debería ser fortalecer la independencia del sistema de justicia, garantizar investigaciones imparciales y asegurar la rendición de cuentas, no apartarse de los mecanismos internacionales creados para proteger a las víctimas. 

Con esta decisión, el régimen interino y tutelado de Delcy Rodríguez ratifica que no está interesado en hacer justicia, sino más bien huir de ella y garantizar impunidad a los funcionarios de distintos niveles para que sigan violando DDHH. 

La soberanía de los Estados no puede ser utilizada como argumento para desconocer obligaciones internacionales libremente asumidas ni para limitar el derecho de las víctimas a conocer la verdad, obtener justicia y recibir una reparación integral. La verdadera defensa de la soberanía se fundamenta en el respeto al Estado de Derecho, la independencia judicial y el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de DDHH.

Recordamos que la lucha contra la impunidad constituye un principio esencial del derecho internacional y que ninguna decisión política puede extinguir los derechos de las víctimas ni el deber del Estado de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de graves violaciones de DDHH.

Recordamos también que Venezuela no es el único país que se ha apartado de este instrumento internacional de protección de los DDHH. Coinciden con gobiernos de países que han adoptado medidas similares como EEUU, Nicaragua, Rusia, Niger, Burundi, Filipinas, entre otros, que escogieron abandonar la CPI o rescindir su firma del Estatuto de Roma. Todos estos países y sus gobiernos han sido denunciados mundialmente como regímenes autoritarios y dictatoriales, señalados repetidamente de violar los DDHH. 

Expresamos nuestra solidaridad con todas las víctimas de la represión y con sus familiares, así como con los más de 500 presos políticos que aún se encuentran encarcelados, recibiendo tratos inhumanos y torturas de toda índole que también sufren sus familiares. 

Hacemos un llamado a la comunidad internacional, a los organismos de protección de los DDHH y a la sociedad democrática venezolana a mantener su vigilancia y compromiso con la defensa de la verdad, la justicia, la libertad y la dignidad humana.

Sin justicia no puede haber paz. Sin verdad no puede haber reconciliación. Sin rendición de cuentas no puede haber garantías de no repetición.

#JusticiaParaVenezuela

#NoMasImpunidad 

#RespetoALosDDHH 

#BastaDeTorturas 

#DemocraciaParaVzla