El "Ingreso Mínimo Integral" es otra estafa de la dictadura

En medio de un despliegue propagandístico propio de las dictaduras, la señora Delcy Rodríguez anunció el incremento del "ingreso mínimo integral" para los trabajadores venezolanos en el marco del Día Internacional del Trabajador: $240 para los activos y $70 para pensionados y jubilados. No precisó qué monto corresponde al salario y al bono de guerra. Sin embargo el concepto anunciado, no tiene base constitucional ni legal en el país. Es un concepto inventado para desconocer la Constitución y evadirla. El Gobierno tutelado por EEUU anunció un incremento discrecional que se salta la legalidad en materia laboral y, sobre todo, anula los derechos conquistados por los trabajadores en años de lucha y sacrificios.

Como Comité que defiende DDHH, (los derechos laborales lo son) tenemos la obligación de decirle a la clase trabajadora de Venezuela la verdad que ese acto oficial no dijo: esto no es un aumento de salario. Es una ilusión jurídicamente vaciada de contenido.

 Concepto inventado para evadir la constitución

La base jurídica en Venezuela es clara. El artículo 91 de la constitución habla de salario mínimo y lo amplía con la definición de un salario suficiente que permita al trabajador brindar condiciones de vida básicas para su familia. No existe ninguna mención a un ingreso mínimo integral. 

Al revisar en detalle la Ley Orgánica del Trabajo, se establece claramente el concepto de salario normal en su artículo 104: pago que recibe el trabajador de forma regular y permanente por la prestación de un servicio; y del salario integral, que según el artículo 122: comprende la totalidad de los beneficios que recibe por las tareas realizadas y es la base para el cálculo de las prestaciones sociales, que se calculan en la suma de salario normal + alícuota del bono vacacional + alícuota de las utilidades o bono de fin de año.

Desde 2023 Nicolás Maduro impuso a la brava un concepto que no existe en nuestra Carta Magna ni en la ley laboral: el "ingreso mínimo integral". Con ello, desconocieron la Constitución y la LOTT reformada en 2012 por el propio Hugo Chávez.

 La trampa de los bonos: cobras más, pero vales menos

El régimen tutelado nos presenta la suma de un "Bono de Guerra Económica" y un Cestaticket como si fuera un salario. No lo es. La diferencia no es un tecnicismo de abogados: es la distancia entre tener derechos laborales y no tenerlos.

El monto del "ingreso mínimo integral" (el bono de guerra económica) no incide en el pago de vacaciones, utilidades, bonificaciones de fin de año, ni en las prestaciones sociales que deben pagarse al finalizar la relación de trabajo. Al tratarse de una asignación no salarial, no genera obligaciones legales para el empleador en materia de derechos laborales consolidados.  

Si un trabajador que gane el salario  mínimo de 130 Bs cuando se jubile o lo despidan, sus prestaciones sociales se calcularán sobre la base de ese salario y no de los 240 dólares anunciados. Esto no es proteger al trabajador. Es despojarlo de sus derechos mientras le pagan para que no reclame hoy.

240 dólares frente a 692 dólares: la matemática de la miseria

El gobierno habla de "el incremento más importante de los últimos años." Los números y la realidad lo desmienten. La canasta alimentaria familiar se ubicó en 692,32 dólares en marzo de 2026, para una familia de cinco personas. Con un salario mínimo de 130 bolívares, la cobertura alimentaria es de apenas el 0,04% y se necesitan más de 2.400 salarios mínimos solo para alimentar a una familia.

Con los 240 dólares anunciados hoy, una familia venezolana cubre apenas el 34,6% de la canasta alimentaria. Mucho menos podrá cubrir la Canasta Básica, que incorpora gastos de vivienda, transporte, medicinas, ropa o educación. Solo cubre comida y no llega ni a la mitad de los requerimientos.

Los 240 dólares están incluso 5 veces por debajo del costo promedio de la canasta básica familiar, que según estimaciones del CENDAS /FVM supera los 1.163 dólares mensuales para una familia de cinco personas. 

Esto contrasta con las ganancias del sector bancario en el año 2025, que superó en 216% las obtenidas en el año anterior. Es evidente el doble discurso gubernamental: para los trabajadores migajas, para las minorías empresariales hay garantías para seguir incrementando sus ganancias. 

 La continuidad de la política antilaboral, pero con nuevo capataz 

Pero este anuncio, más allá de la legalidad y de la injusticia tremenda contra los trabajadores, indica la continuidad plena de una conducta  de despojo de derechos a los venezolanos por la vía de la fuerza y la imposición autoritaria. La clase trabajadora está siendo víctima de una operación política y psicológica que busca eliminar los conceptos de salario mínimo y salario integral, para de esta forma imponer, junto a la asociación de empresarios de Venezuela (FEDECÁMARAS), una reforma de facto de la ley del trabajo, para que desaparezca el concepto de salario y las prestaciones sociales, conquistas históricas del movimiento de los trabajadores a nivel mundial.

Entre tanto, la dictadura avanza en la creación acelerada de una base legal que legitime, en el marco de la desesperación y confusión de los trabajadores por acceder a un ingreso que les permita sobrevivir con su trabajo, la eliminación definitiva de diversos derechos, principalmente el derecho a un salario y el derecho a un ahorro social por antigüedad, única garantía futura del trabajador, para lo cual el aporte del capitalista, del propio trabajador y del Estado, es clave para el futuro de la vejez de quienes han producido la riqueza nacional.

Nada ha cambiado en materia de derechos en Venezuela. El 3 de enero solo confirmó un "cambio de mando" sobre la dictadura, pero en materia de derechos, no sólo ninguno se ha reconquistado o restablecido, sino que han avanzado en su anulación que, al menos en letra, conserva aún la legislación venezolana.

 El 1° de mayo no es un día de aplausos: es un día de memoria

Mañana se cumplen 140 años del Primero de Mayo. Ese día se recuerda a los mártires de Chicago, que murieron precisamente para que los trabajadores no dependieran de la gracia del poderoso, sino de la protección de la ley. En Venezuela, hoy, el Estado evidencia un retroceso de más de 100 años: ha construido un sistema en el que el trabajador depende de lo que el Ejecutivo quiera pagarle por decreto cada año, sin que ese pago genere derechos, sin que esté en ninguna ley, y sin que nadie pueda reclamarlo ante un tribunal laboral.

No se trata de socialismo. Tampoco es revolución. Es la esclavitud moderna con nombre de bono.

Desde el Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales y Presos Políticos, denunciamos una política de supresión total de derechos sociales, sumada a la supresión continuada de los derechos políticos y ciudadanos y, en la práctica, la continuidad de una dictadura que ha subastado al país y a sus trabajadores con tal de mantenerse gobernando por fuerza y usurpación, en Venezuela.

Este día del trabajador, exigimos firmemente se respete lo establecido en la Constitución en materia salarial, restableciendo el concepto de salario mínimo suficiente para los trabajadores, lo que equivale a poder cubrir los gastos de alimentación, vivienda, vestido, educación, entretenimiento y salud, tal como lo establece nuestro marco legal y constitucional vigente.

Rechazamos la idea liberal extrema de eliminación del ahorro social para el trabajador, representado en el concepto de prestaciones sociales y demás conquistas salariales que garantizan condiciones básicas de ahorro para el trabajador, algo que cubre en la práctica su propio trabajo acumulado.

Acompañamos a los trabajadores en su lucha en esta dirección y nos sumamos a la defensa del salario y demás conquistas en materia laboral.

 ¡Luchemos por los derechos!

¡Conquistemos salario, democracia y libertad para Venezuela!