Dos presos mueren en El Rodeo este lunes 20 de abril: Estado venezolano sigue causando muertes tras las rejas

NOTA DE PRENSA

Caracas, 20 de abril de 2026

DOS PRESOS MUERTOS EN EL RODEO: ESTADO VENEZOLANO SIGUE CAUSANDO MUERTES TRÁS LAS REJAS

Exigimos a la Asamblea Nacional y a la Defensoría del Pueblo que cumplan sus funciones constitucionales y dejen de ser cómplices por omisión de estos Crímenes de Estado

Hoy, 20 de abril de 2026, dos personas privadas de libertad perdieron la vida en los centros penitenciarios Rodeo IV (primera muerte registrada en este centro) y Rodeo III, en el estado Miranda. Dos seres humanos que estaban bajo la tutela correccional directa, exclusiva e irrenunciable del Estado venezolano. Dos muertes que no son accidentes. Son la consecuencia predecible y documentada de un sistema carcelario que no garantiza condiciones mínimas de vida, que niega atención médica oportuna, que castiga con el abandono y que convierte cada celda en una sentencia de muerte no escrita.

Desde el Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales y Presos Políticos lo decimos con la claridad, esta tragedia exige: reconocerlas como crímenes de Estado. No importa la categoría jurídica del detenido. No importa si se le llama preso político o preso social. El artículo 43 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es taxativo: el Estado está obligado a proteger la vida de toda persona privada de su libertad por el Estado. Cuando esa protección no existe y las personas mueren por negligencia, abandono o condiciones infrahumanas, la responsabilidad recae sobre quienes ejercen el poder administrativo y político de la nación.

Hemos documentado al menos 27 presos políticos fallecidos bajo custodia del Estado desde el año 2015. Hoy, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) ha anunciado estos dos nuevos fallecimientos que evidencian el riesgo que corren los presos políticos encarcelados junto a Presos Sociales en estas cárceles en Venezuela.

Denunciamos que estás cifras pueden ser mayores, visto que las familias callan por miedo. En un país lleno de opacidad y de ausencia de información oficial, los traslados se hacen sin aviso, las muertes se reportan semanas después, o nunca. Los cuerpos son custodiados por los mismos funcionarios responsables del fallecimiento. La opacidad del sistema es, en sí misma, parte del crimen. Por tanto, sin transparencia no hay rendición de cuentas. Y sin rendición de cuentas la impunidad se perpetúa.

Las cárceles venezolanas son hoy escenarios de tortura sistemática. Nada ha cambido: hacinamiento extremo, desnutrición, negación de atención médica y medicamentos, celdas de castigo sin luz ni ventilación, incomunicación forzada, aislamiento prolongado, presos esposados las veinticuatro horas del día, entre otros.

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU ha identificado estos patrones como parte de prácticas que constituyen crímenes de lesa humanidad. No son denuncias de la oposición. Son conclusiones del sistema multilateral de protección de los DDHH.

Rechazamos la narrativa que pretende separar la suerte de los presos políticos de la de los presos sociales o llamados presos comunes. Esa distinción es moralmente inaceptable. Todo ser humano que el Estado apresa, lo apresa bajo su responsabilidad integral. Cuando ese ser humano muere por negligencia, el Estado lo mató. No hay eufemismo que cambie ese hecho.

EXIGENCIA A LA ASAMBLEA NACIONAL

La Asamblea Nacional tiene una responsabilidad que no puede seguir eludiendo. Su función no se limita a legislar ni a administrar procesos de excarcelación como gestos, de cara a la comunidad internacional. Su deber constitucional es el control de la actividad del Ejecutivo y eso incluye, de manera urgente, el control sobre lo que ocurre en cada cárcel, cada calabozo y cada centro de detención del país.

Le exigimos a la Asamblea Nacional que actúe con la urgencia que dos muertos en un solo día demandan: que realice visitas de inspección inmediata a los centros penitenciarios de Él Rodeo; que cite al titular del Ministerio de Servicios Penitenciarios para que rindan cuentas ante el Parlamento y ante el país; y que promueva una investigación independiente sobre cada una de las muertes bajo custodia del Estado, con identificación de responsables y consecuencias jurídicas reales.

Una Asamblea Nacional con diputados que aprueban leyes de Amnistía incompletas, tolera la opacidad del Ejecutivo en materia penitenciaria y no fiscaliza las condiciones de reclusión de los venezolanos privados de libertad, no cumple su papel. Es cómplice y cada diputado lo es, por omisión de cada muerte que ocurre detrás de esos muros.

LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO: UNA DEUDA HISTÓRICA CON LOS VENEZOLANOS

La Defensoría del Pueblo tiene una deuda urgente con los privados de libertad venezolanos. La Constitución de 1999 le asignó, en su artículo 280, el mandato expreso de promover, defender y vigilar los derechos humanos. Le otorgó rango de Poder Ciudadano. Le dio independencia, inmunidades e instrumentos. Todo ello para que fuera, precisamente, el escudo del débil frente al abuso del Estado.

La realidad de los últimos veinticinco años ha sido la inversa. Bajo los gobiernos de Hugo Chávez, Nicolás Maduro y ahora Delcy Rodríguez, la Defensoría del Pueblo ha funcionado sistemáticamente como vocera del gobierno de turno y no como defensora del ciudadano. Ha guardado silencio ante denuncias de tortura, ante muertes bajo custodia, ante detenciones arbitrarias y ante condiciones carcelarias que la propia Constitución prohíbe. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, de la ONU, estableció formalmente que la Defensoría del Pueblo no ha actuado ante las denuncias de violaciones de derechos humanos documentadas desde 2014. No es una opinión. Es una conclusión de un órgano de investigación de Naciones Unidas.

Las consecuencias de ese abandono institucional llegaron a la arena internacional. La Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI), el organismo que acredita a las Defensorías del mundo ante el sistema de Naciones Unidas, retiró la acreditación a la Defensoría del Pueblo venezolana por comprometer "gravemente su independencia" y por incumplir los Principios de París, que son la norma básica que toda institución nacional de derechos humanos debe respetar. Venezuela dejó de tener, ante los ojos del mundo, una defensoría legítima. No fue una sanción política. Fue el reconocimiento de una realidad que los venezolanos llevaban años denunciando.

La institución que debía ser la casa de los derechos humanos de treinta y tres millones de venezolanos se convirtió en una oficina de relaciones públicas del poder.

LLAMADO A LA NUEVA DEFENSORA DEL PUEBLO: EL MOMENTO DE DEMOSTRAR INDEPENDENCIA ES AHORA

El 9 de abril de 2026 la Asamblea Nacional designó a Eglée González Lobato como nueva Defensora del Pueblo, con un mandato que se extiende hasta 2032. Su juramentación estuvo acompañada de palabras que generaron expectativa: prometió que las puertas de la institución quedarían abiertas para la gente y que trabajaría porque los derechos humanos fueran el bastión principal de la Defensoría. Incluso se comprometió públicamente a organizar visitas de inspección a las cárceles.

Las muertes de hoy son su primera prueba real. No mañana. Es hoy.

Doctora González Lobato: Venezuela no necesita otra defensora del pueblo que coordine con el Ejecutivo y emita comunicados inofensivos. Necesita una defensora que actúe de oficio cuando el Estado mata. Necesita una institución que investigue, que denuncie, que lleve casos ante los organismos internacionales, que visite las cárceles sin previo aviso y que publique lo que encuentra, aunque eso incomode al poder. La Constitución no le da otra opción: el artículo 281 le obliga a velar por el efectivo respeto de los derechos humanos, investigando de oficio o a petición de parte. Eso significa que no necesita esperar que nadie le llame. Tiene la obligación de actuar.

La sociedad venezolana y la comunidad internacional observan. La Defensoría del Pueblo tiene la oportunidad histórica de recuperar la confianza que perdió durante veinticinco años de complicidad con el poder y la posibilidad concreta de recuperar su acreditación ante la GANHRI. Pero eso no se logra con declaraciones ni con actos protocolares. Se logra con acciones independientes, documentadas y valientes, comenzando por este caso.

Si la nueva Defensora guarda silencio ante las muertes de hoy, o reduce su respuesta a una visita protocolar sin consecuencias, habrá demostrado desde el primer día que la institución sigue siendo lo mismo: un adorno constitucional al servicio del gobierno de turno.

Hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional, a los organismos de derechos humanos, a los medios de comunicación libres y a la ciudadanía venezolana a no guardar silencio ante estas muertes. Cada vez que un privado de libertad muere en una cárcel venezolana y el hecho no se nombra, no se investiga y no genera consecuencias, le estamos entregando al Estado la licencia para que vuelva a ocurrir.

Los muertos de hoy tienen nombres. Deivi Enrique García, primer preso muerto en el Rodeo IV, y Ovidio José Madriz Mendoza, fallecido en Rodeo III. Ambos tienen familias. Tenían derechos. Y merecen justicia.

Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales y Presos Políticos

Caracas, Venezuela — 20 de abril de 2026