Venezuela 2025: Derechos Humanos bajo asedio estructural (datos multidimensionales)

NOTA DE PRENSA

 

Venezuela 2025: Derechos Humanos bajo asedio estructural (datos multidimensionales)

 

Caracas, 4 diciembre de 2025 — La situación de los Derechos Humanos (DDHH) en Venezuela ha alcanzado niveles críticos durante el año 2025, de acuerdo a todos los informes de organizaciones nacionales e internacionales independientes.

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón reportó recientemente que 1.082 personas permanecen detenidas por motivos políticos, incluyendo activistas, periodistas, sindicalistas, militares disidentes y ciudadanos comunes. Pero esta cifra representa no solo una violación directa a los derechos civiles y políticos, sino también un síntoma de un deterioro estructural que afecta las múltiples dimensiones de la vida en el país.

 

Un enfoque integral: más allá de los presos políticos

Hablar de DDHH en Venezuela exige una mirada integral que no se limite a la represión política, aunque ésta sea alarmante. Los DDHH comprenden un conjunto interdependiente de garantías: derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. Su vulneración no ocurre en compartimentos estancos, sino como parte de un entramado de exclusión, violencia institucional y desmantelamiento de garantías básicas de la sociedad.

Durante 2025, además de las detenciones arbitrarias y la tortura documentada, se ha profundizado la Pobreza Multidimensional, afectando a más de 20 millones de personas sin acceso adecuado a salud, educación, alimentación o servicios básicos. La crisis migratoria continúa, con más de 8 millones de Personas Desplazadas desde 2014.

 

Derecho ambiental

En paralelo, se han registrado violaciones al Derecho Ambiental con derrames petroleros, minería ilegal en territorios indígenas y criminalización de defensores ambientales, sin respuesta estatal efectiva.

En el Lago de Maracaibo, la única información oficial disponible indica que el gobierno recogió entre 2023 y febrero de 2025 cerca de 320.000 toneladas de desechos sólidos, muchos impregnados de petróleo.

El 25 de marzo se produjo una explosión en una gabarra petrolera en el Lago, dejando tres muertos y dos desaparecidos. Aunque fue un accidente industrial, también implicó derrame de crudo. Pescadores y comunidades locales denunciaron que la contaminación por hidrocarburos seguía afectando gravemente la pesca y la salud.

Y en la Faja Petrolífera del Orinoco, en 2025 se mantuvo la denuncia de derrames constantes en ríos y fincas cercanas, con llamados de ONG como el CIEV a declarar la zona en emergencia ambiental.

En conclusión, en 2025 hubo múltiples derrames y accidentes petroleros, especialmente en el Lago de Maracaibo y la Faja del Orinoco, pero no existe un registro oficial ni un número consolidado. La información disponible proviene de reportes fragmentados de prensa y ONG, que confirman la continuidad de la crisis ambiental. Evidencia de que la opacidad informativa es un mecanismo de ataque a los DDHH por sus efectos en la organización de su}+ defensa.

 

Ataques a la libertad de expresión e información

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU reportó un patrón de bloqueos a medios digitales, detenciones a periodistas y medidas administrativas que restringieron el espacio cívico entre 2024 y 2025, afectando directamente la operación y continuidad de medios independientes.

Sólo en el primer semestre de 2025 se documentaron 302 violaciones a la libertad de expresión, incluyendo bloqueos, agresiones y cierres de medios, como parte de una política sostenida para controlar la narrativa pública.

Los Informes y crónicas periodísticas dan cuenta de exilio de periodistas, falta de financiamiento y reducción operacional de medios, todo lo cual deriva en cierres temporales o definitivos y contenidos “autocensurados” para sobrevivir.

Adicionalmente, en 2025 se registró el Bloqueo selectivo de portales y plataformas, acceso interrumpido a sitios informativos críticos mediante ISPs y medidas administrativas, dificultando la continuidad editorial y el alcance de audiencias.

Hubo clausuras y revocatorias administrativas, cierres de emisoras y medios locales por decisiones regulatorias, inspecciones punitivas y exigencias incompatibles con la operación sostenida, especialmente fuera de Caracas.

Los ataques se extendieron hasta el hostigamiento judicial y penal: Detenciones, citaciones y procesos que obligan a redacciones a pausar operaciones o a mudarse al exterior, con impacto en la publicación regular.

Se produjo la asfixia financiera y salida del país por falta de fondos, anunciantes condicionados, y presión económica que fuerza cierres “de facto” o transformación en proyectos mínimos, con equipos reducidos y menor frecuencia de publicación.

Cronología del ataque a medios y periodistas durante 2025

•          Enero–marzo: Tras la juramentación presidencial de Maduro el 10 de enero, se intensifica el deterioro del ejercicio periodístico; algunos medios reportan caída de acceso y presiones regulatorias que derivan en pausas o operación limitada.

•          Abril–junio: La ONU documenta bloqueos a medios, restricciones a portales digitales y medidas que estrechan el espacio cívico, con impacto en audiencias y continuidad editorial.

•          Julio–septiembre: ONG registra 302 violaciones en el primer semestre; entre ellas, cierres y bloqueos de medios independientes y agresiones que obligan a suspender coberturas locales.

•          Octubre–diciembre: Persiste la reducción operativa y el exilio de periodistas; se consolidan proyectos migrados al exterior o contenidos “bajos perfil” para evitar cierres.

Podemos afirmar con rigor que no hay un conteo público y único de todos los cierres de medios en 2025, por opacidad y temor. Los cierres incluyen tanto clausuras formales (administrativas/regulatorias) como cierres “de facto” por bloqueos, judicialización y asfixia financiera.

El patrón es nacional y sostenido, afectando especialmente medios regionales y nativos digitales críticos, con impactos en cobertura electoral y DDHH, pero existe un subregistro alto, muchos casos no se publican por seguridad; otros solo aparecen como “interrupciones” o “migraciones” que, en la práctica, son cierres parciales o definitivos.

 

Ataque a la defensa de derechos y a sus defensores

La Ley de Fiscalización de ONG, aprobada en noviembre de 2024, ha forzado el cierre de organizaciones sociales y humanitarias, restringiendo el espacio cívico, el Derecho a la Asociación y la capacidad de denuncia. La Censura Digital, el bloqueo de medios independientes y el hostigamiento a periodistas, completan un panorama de asfixia institucional.

 

Presos políticos: una cifra que interpela

La cifra de 1.082 presos políticos, verificada por Justicia, Encuentro y Perdón, incluye 182 mujeres y 900 hombres, entre ellos 42 extranjeros, 20 periodistas, 17 sindicalistas y 11 defensores de DDHH.

La organización advierte que muchas de estas detenciones responden a patrones de persecución por asociación, sin garantías procesales ni criterios jurídicos claros. Además, más de 90 personas con enfermedades graves siguen en prisión, y al menos 145 detenidos no tienen información oficial sobre su paradero.

 

Llamado urgente

La comunidad internacional, los organismos multilaterales y las redes de solidaridad deben redoblar esfuerzos para exigir:

• - La liberación inmediata de todas las personas detenidas por razones políticas.
• - El restablecimiento del espacio cívico y la protección de defensores y periodistas.
• - La atención urgente a la crisis humanitaria y ambiental desde un enfoque de derechos.
• - La activación de mecanismos de justicia internacional ante la falta de voluntad estatal.

Los DDHH no son una lista de demandas aisladas: son la base de una vida digna, libre y justa. En Venezuela, su defensa exige una mirada integral, una acción coordinada y una solidaridad sostenida.

! Basta de violación a los DDHH !

 

Contacto: comitdeluchadoressociales@gmail.com

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