Crimen de Opacidad: revisión de otra práctica de Terrorismo de Estado en Venezuela

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La opacidad jurídica constituye un crimen de Estado cuando se utiliza deliberadamente para encubrir violaciones sistemáticas de derechos humanos. Se convierte en terrorismo judicial cuando el aparato legal se emplea como herramienta de intimidación, castigo político y control social y, en ese punto, se convierte en un Crimen de Estado.

Esto es exactamente lo que se indentifica en Venezuela como patrón. Por ejemplo, se han publicado sólo cifras parciales, hay inconsistencias, omisiones y casos sin paradero confirmado que dificultan un conteo claro y verificable de los casos de Presos Políticos, principalmente en el período comprendido entre Julio de 2024 y noviembre de 2025.

Entre enero y octubre de 2025, la organización Foro Penal, por ejemplo, sólo ha podido reportar cifras que varían semana a semana, pero sin una consolidación oficial ni transparencia estatal, cosa que resulta imposible dada la ausencia de información oficial por parte de las autoridades judiciales. Aquí se resumen los puntos clave:

📊 Cifras fluctuantes y parciales

• Enero 2025: Foro Penal reportó 1.687 presos políticos.
• Octubre 27, 2025: Se registraron 875 presos políticos.
• Noviembre 3, 2025: El número subió a 884, con 85 extranjeros.
• Noviembre 10, 2025: Se reportaron 882 presos políticos, de los cuales 724 no tienen condena.

🚨 Indicadores de opacidad

• No hay cifras oficiales del Estado venezolano sobre presos políticos. (¿Qué hace la Defensoría del Pueblo y la Sub comisión de DDHH de la AN? Por ejemplo).
• Foro Penal aclaró que sus balances no incluyen detenciones de corto plazo (menos de 48 horas) ni liberaciones recientes.
• 59 personas tienen paradero desconocido.
• Se han detenido más de 18.500 personas por motivos políticos desde 2014, pero muchas han sido liberadas o siguen bajo medidas restrictivas.

🧩 Dificultades para el seguimiento

• Las cifras cambian semanalmente, pero no hay desglose mensual ni consolidado por trimestre.
• Las detenciones aumentaron tras las elecciones presidenciales de julio de 2024, lo que sugiere un patrón político en pleno desarrollo.
• La falta de acceso a expedientes judiciales, traslados arbitrarios y censura informativa impiden verificar la situación real de cada caso.

El crimen de opacidad jurídica, o lo que se conoce como falta de transparencia, acceso y claridad en los procesos legales, incluyendo ocultamiento de expedientes judiciales, negación del derecho a la defensa, ausencia de información oficial sobre detenciones, condenas o liberaciones, manipulación de normas para justificar abusos, entre otras, se repite en centenares, si no todos, los casos de presidio político en el país.

Pero cuando esta opacidad es sistemática y dirigida desde el Estado, como en el caso que reportamos, deja de ser una falla administrativa y se convierte en una forma de violencia institucional. Es Terrorismo judicial y de Estado, dado el uso del derecho como arma. 

El concepto de terrorismo judicial indica el uso del sistema legal para sembrar miedo, castigar disidencias y consolidar el poder político. Según el análisis desarrollado por la organización Acceso a la Justicia, esto incluye:

• Aplicación arbitraria de leyes penales.

• Detenciones sin debido proceso.

• Procesos judiciales sin garantías mínimas.

• Uso del aparato judicial para perseguir opositores, activistas o periodistas.

En general, lo aplicado en Venezuela a la disidencia política puede definirse como 🚨 Crimen de Estado: cuando la ley encubre el abuso de poder. De hecho, hay indicadores claros de que es crimen de Estado, dado que hay una política sistemática de ocultamiento y manipulación legal, se violan derechos fundamentales bajo apariencia de legalidad y el Estado utiliza su poder para impedir el escrutinio público o internacional.

Esto no solo vulnera el Estado de derecho, sino que erosiona la confianza ciudadana, perpetúa la impunidad y normaliza el abuso.

📌 En el caso venezolano, la falta de cifras oficiales sobre presos políticos, la desaparición de personas bajo custodia, y la negación de acceso a expedientes son claros indicadores de opacidad jurídica. Cuando se combinan con detenciones arbitrarias y persecución judicial, configuran un patrón de terrorismo judicial y crimen de Estado.

No al crimen de Estado, no al terrorismo de Estado. 

Libertad para los Presos Políticos

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Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales y los Presos Políticos